En el mundo de los negocios extractivistas, el concepto de licencia social para operar (LSO) ha cobrado protagonismo como un requisito no oficial pero crucial para el desarrollo de proyectos en territorios habitados por comunidades. El caso de Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint, es un ejemplo paradigmático de cómo la LSO puede dividir comunidades y generar tensiones sociales y ambientales.
El desafío del «oro blanco» en la Puna jujeña
En su búsqueda por ingresar al mercado del litio, Tecpetrol puso su mirada en Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, una región de extraordinaria belleza natural y hogar de comunidades indígenas que dependen de su entorno para subsistir. Sin embargo, la llegada de la empresa ha generado divisiones internas en las comunidades, especialmente en Rinconadillas, donde la necesidad económica llevó a algunos a aceptar las promesas de trabajo y servicios básicos de la petrolera.
Mientras un sector de la comunidad concedió la LSO, otros habitantes y comunidades vecinas mantienen su rechazo firme, preocupados por el impacto ambiental y social de las actividades extractivas, especialmente en un ecosistema tan frágil. Las promesas de desarrollo no siempre compensan los riesgos: degradación del suelo, consumo excesivo de agua y el desarraigo cultural de quienes dependen de la tierra.
Un historial de controversias
Tecpetrol no llega sin antecedentes. Como parte del grupo Techint, la empresa carga con un historial judicial que incluye casos de corrupción, pagos ilegales y conflictos ambientales en distintos países. Su actuación en proyectos de fracking en Vaca Muerta (Neuquén) dejó una huella evidente: más de 500 sismos inducidos en la zona rural de Sauzal Bonito, transformando la vida de sus habitantes.
Por otro lado, el modus operandi descrito por expertos apunta a una estrategia deliberada: dividir comunidades, creando «ganadores» que reciben beneficios directos y «perdedores» que enfrentan las consecuencias ambientales y sociales. Este patrón, visible en Catamarca con el proyecto de la minera Livent, refleja las complejidades de los conflictos en torno a los recursos naturales en Argentina.
El dilema de la transición energética
La extracción de litio, indispensable para baterías de vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos, se presenta como una solución para la transición energética global. Sin embargo, las comunidades afectadas a menudo cargan con los costos de esta transición. Aunque Tecpetrol promete métodos más sostenibles, como la extracción sin piletas de evaporación, las preocupaciones persisten.
En este contexto, las preguntas son inevitables: ¿qué implica realmente la licencia social para operar? ¿Es legítima si se consigue dividiendo a las comunidades? ¿Cómo equilibrar la necesidad de desarrollo económico con la justicia socioambiental?
Reflexión final
El caso de Tecpetrol en la Puna jujeña nos recuerda que la licencia social no puede reducirse a un simple contrato. Es un acuerdo implícito basado en confianza y respeto mutuo. Las empresas, los gobiernos y las comunidades deben buscar soluciones que prioricen la sostenibilidad, la inclusión y la protección de los derechos colectivos. Sin estas condiciones, el «oro blanco» puede convertirse en un espejismo, dejando más pérdidas que ganancias para las comunidades que lo custodian.
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